¿LIBERTAD DE PRENSA?

  • Reporteros sin Fronteras ha presentado su exhaustivo “Informe anual 2008” para el mundo todo. Nos interesa la parte dedicada a España, que consideramos valiente, en general, aunque incompleta. La reproducimos detrás.
¿Qué no dice el informe? Que, en España, el Cuarto Poder participa como uno más de la inseparacion de poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ni tampoco dice que, como consecuencia, participa con los otros tres del pastel de la corrupción. Que los medios de información son parte de los medios de entretenimiento, que las newszak predominan sobre las noticias; que la libertad de prensa, en manos de estómagos agradecidos, se convierte en el peor de los opiáceos. Que ningún medio denuncia los manejos de la Banca, grupo que, igual que en el resto del mundo, constituye la cúspide del Poder Único al timón del Estado, tomado como bajel con patente de corso para expoliar a manos llenas. Que, en España, los periódicos y el resto de medios se califican a sí mismos de “factorías de creación de opinión”, en vez de lo que debieran ser, meros recursos informativos. Que, en fin, Goebbels se sentiría orgulloso del trabajo de sus aventajados alumnos españoles, porque la Verdad en los medios brilla por su ausencia, sustituida por la mendacidad y la manipulación informativa.

“La libertad de prensa se vio ligeramente mermada por la legislación que protege la imagen de la corona. La estricta aplicación de las disposiciones legales que se refieren a la difamación tuvo graves consecuencias para algunos periodistas. Finalmente, los medios de comunicación pagaron los platos rotos de las luchas partidistas, que incluso llevaron a pedir el boicot de algunas cabeceras.

Al menos tres periódicos se vieron inmersos en procedimientos judiciales por dañar la imagen de la familia real. En julio de 2007, el semanario satírico El Jueves publicó en portada una caricatura del príncipe heredero Felipe y su esposa Letizia a punto de mantener relaciones sexuales, haciendo burla de la política de natalidad del gobierno, que acababa de aprobar la concesión de 2.500 euros a los padres de todos los recién nacidos. Sobre el dibujo, el príncipe, con aspecto de alegrarse, le decía a su esposa: «¿Te das cuenta ? Si te quedas encinta nunca habré estado tan cerca de la sensación de trabajar.»

El 20 de julio, el juez de instrucción de la audiencia nacional ordenó el embargo de los ejemplares del semanario y posteriormente, el 30 de agosto, el ministerio público solicitó sendas multas para dos periodistas: Guillermo Torres y Manel Fontdevilla. El 13 de noviembre fueron considerados culpables de “injurias al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes”, en aplicación del artículo 491.2 del código penal, y condenados a pagar 3.000 euros de multa, cada uno. La petición fiscal era del doble. El 5 de diciembre de 2007, los dos periodistas apelaron la sentencia, que dijeron « no entender ».

El 30 de julio fueron citados ante el tribunal los directores de los periódicos Gara y Deia, para responder de unos hechos que se remontan al mes de octubre de 2006. El suplemento satírico Caduca hoy del periódico Deia publicó un fotomontaje del rey Juan Carlos, disponiéndose a cazar un oso, borracho o drogado. El 2 de noviembre siguiente, el diario independentista vasco Gara reprodujo, a su vez, el fotomontaje. Los autores de la caricatura tuvieron que responder a la acusación de “injurias al Rey. Comparecieron ante la justicia el 17 de septiembre de 2007. Ahora, el fiscal debe decidir si mantiene o retira la acusación.

Por otra parte, en marzo, el encendido debate sobre la política antiterrorista del gobierno repercutió en los medios de comunicación españoles. El presidente del grupo de prensa Prisa, Jesús Polanco, lamentó públicamente las dificultades generadas por el extremadamente tenso ambiente político existente. También calificó de « franquismo puro y duro » las protestas del Partido Popular (oposición) por la política del gobierno. Los representantes de esa formación política pidieron inmediatamente el boicot a los medios pertenecientes al grupo Prisa, entre ellos el diario El Pais, la radio Cadena Ser, el diario deportivo AS y el canal de televisión Cuatro. Prisa tiene también participación en el periódico francés Le Monde así como en Sogecable, el operador de Canal Plus en España. El Partido Popular anunció que se iba a negar a participar en programas, debates y entrevistas, realizados en los medios del grupo, mientras su presidente no rectificara sus palabras “públicamente y sin equívocos”. La situación recuperó poco a poco la normalidad.

Los periodistas siguen siendo objetivo de la organización terrorista vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA). Tras la detención, en diciembre de 2007, de Gorka Lupianez un miembro de ETA sospechoso de ser el nuevo responsable del “comando Vizcaya”, implicado en el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (sudoeste de Francia), la policía descubrió en su domicilio fotografías de periodistas, entre otros documentos. La organización terrorista figura desde 2001 en la lista de los predadores de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. Las amenazas que dirige a los periodistas es una de las razones que explican que España ocupe el lugar 33 en la clasificación mundial de la libertad de prensa. Los periodistas que trabajan en el País Vasco, o tratan la cuestión vasca, se ven obligados con frecuencia a solicitar protección o utilizar vehículos blindados, para prevenirse del riesgo de atentados.

También en España sufrió la protección del secreto de las fuentes. En septiembre la justicia presionó al fotógrafo Jordi Ribot para que entregara las fotos que había tomado en una manifestación de nacionalistas catalanes, en la ciudad de Gerona, durante la cual se quemaron retratos del rey. Comparecieron ante la justicia once personas que habían participado en la manifestación. Después de negarse a obedecer el requerimiento judicial, el fotógrafo terminó por ceder, ante la amenaza de verse acusado de “desobediencia grave a la autoridad judicial”, un delito castigado con entre seis meses y un año de cárcel.

Identidades regionales

El 10 de diciembre de 2007, el gobierno autónomo de Valencia cerró uno de los tres repetidores del canal regional de Acció Cultural del País Valencia (ACPV), que llevaba veinte años emitiendo para la zona la programación del canal público de la televisión catalana TV3. Una decisión que fue acompañada de una multa de 300.000 euros a la ACPV por “grave infracción de la Ley de Telecomunicaciones”. Desde el 23 de diciembre de 2005, fecha en que se concedieron las licencias de la televisión digital terrestre, TV3 no dispone de licencia para emitir en Valencia. Desde hace varios meses, Cataluña y la Comunidad Autónoma de Valencia se encuentran en negociaciones para permitir que sus respectivos canales emitan en ambos territorios. Cerca de quinientas personas protestaron por el cierre del repetidor, y se manifestaron a favor de la libertad de expresión.

La defensa de las lenguas autonómicas sigue siendo un asunto muy sensible. En octubre, la emisora catalana Catalunya Radio despidió a la colaboradora Cristina Peri Rossi, argumentando que la periodista hablaba en castellano, aunque posteriormente reconsideró la decisión y volvió a contratarla. Muchos intelectuales, y entre ellos el filósofo Fernando Savater, denunciaron el carácter discriminatorio de la medida.

Finalmente, en abril se produjeron algunos cambios en el caso de José Couso, camarógrafo del canal Telecinco fallecido, el 8 de abril de 2003, en el ataque de las tropas norteamericanas al Hotel Palestine de Bagdad. Después de que, el 11 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo decidiera volver a abrir la investigación, en abril de 2007 el juez Santiago Pedraz desestimó la apelación de la fiscalía y confirmó la orden de detención internacional para tres miembros del ejército norteamericano, responsables del tanque del que partieron los mortales disparos. La Embajada de Estados Unidos en España recordó que ya se había efectuado una investigación sobre la muerte de José Couso -llevada cabo por el ejército americano, en 2003-, que había llegado a la conclusión de que los militares actuaron “conforme a las reglas de combate operativas en esa zona de conflicto armado”. La primera orden de detención de los tres militares, dictada en octubre de 2005 por el juez Pedraz, así como sus dos solicitudes de interrogatorio, quedaron sin efecto tras el sobreseimiento del caso, decidido en marzo de 2006 por un tribunal penal español y anulado posteriormente por el tribunal supremo. El ministerio público ha interpuesto un nuevo recurso contra el procesamiento de los tres militares.”

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