CARTA A ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO

Apreciado Don Antonio:

Acaba usted de publicar una pieza clave en la gestación de la República Constitucional. Es, con diferencia, la más arriesgada: aquella que establece que los diputados deben salir de la égida del Estado. Le entiendo tan bien, que, por lo menos respecto al asunto del origen del sueldo de los diputados, ya hace tiempo había escrito algo muy parecido. Estoy buscando dónde. He escrito en tantos sitios tantas cosas, que no logro, de momento, encontrarlo. Ya saldrá.

Sepa que esto no se lo digo para hacerme el avisado —porque lo importante no es intuir, sino demostrar, que es lo que usted hace—, sino para justificar lo que le voy a reclamarle después. La otra noche, cuando tuve la suerte de chatear con usted, mano a mano en su foro, a altas horas de la madrugada, le reconocí que me había parecido intocable la función exclusivamente legisladora de la Asamblea Legislativa y, sobre todo, ¡su pertenencia incuestionable al Estado! Porque no podía ni imaginarme que uno de los poderes del Estado pudiera quedar, siquiera parcialmente, fuera del control del mismo. Usted me explicó por qué no podía ni imaginarlo: sin conocimientos suficientes no se puede alcanzar la verdad, sino sólo intuirla. ¡Cuanta razón tiene!

Lo más parecido que encuentro a su genialidad entre mis escritos, hasta este preciso minuto, está en este mismo blog, publicado en marzo de 2007:

“La representación del ciudadano en política no es la mera adscripción de ese ciudadano a una ideología de partido. La representación política de la sociedad debe seguir las reglas de cualquier otra representación social o particular: el representante recibe un mandato imperativo del representado, quien, en caso de incumplimiento, puede cesar al representante. Eso, que es evidente si se manda a alguien a realizar cualquier gestión en tu nombre, no lo es en política, si no suceden dos cosas: que se conoce quién es tu representante político concreto (que te debe su cargo, porque le has elegido a él y le pagas con tus impuestos); y que los electores pueden cesarlo cuando lo consideren oportuno, no en las siguientes elecciones, cada cuatro años.“

Con todo esto, quiero significarle que le entendí perfectamente. Y que, además, me sentí especialmente realizado por el hecho incontrovertible de que mis intuiciones… ¡eran ya Ciencia Política, porque usted había llegado a parecidas conclusiones por la vía teórica y formal! Jamás me he sentido tan honrado intelectualmente.

Pero lo que más me impresionó de todo lo que me escribió esa noche, y es lo que me empuja ahora, fue eso de que se llega a la verdad, bien “por la sabiduría” (Y se refería a usted, claro) o bien “por la belleza que la misma irradia” (¡Y se refería a mí!). Envalentonado por esa coincidencia increíble; puesto que estuvimos entonces, estamos ahora y estaremos siempre de acuerdo, le dejo sobre la mesa cuatro problemas que me parece oportuno resolver, desde ese punto de vista de la belleza que la verdad debe irradiar:

PRIMERO. La disfunción (objetiva fealdad) que suponen las autonomías. Si una unidad de convivencia (o mónada republicana, ya institución —con su organización, sus funciones, su vida política y sus presupuestos—) tiene un mediador entre la sociedad civil y el Estado; y, a su vez, un representante para legislar, no tiene sentido inventar otro aparato idéntico, pero distinto, para el “ámbito autonómico”. Además: ¿Con qué funciones diferenciadas? ¿Por qué habrían de replicarse las leyes estatales en los parlamentos autonómicos? O lo que es peor (en caso contrario): ¿Cómo puede haber leyes diferentes para los españoles, según sea su lugar de residencia? Creo que hay que razonar el adiós a las autonomías, a sus tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial que las convierten, de matute, en pequeños estados federales. Todo ello me parece congruente para que el resultado sea bello.

SEGUNDO: (Suponiendo que se cumpliera el primero) La disfunción del tamaño de las circunscripciones y su integración en el sistema municipal. A veces, en un único municipio hay varias mónadas; otras, una sola mónada abarca decenas de municipios. La red municipal y la red de mónadas debe constituir un algo de alguna manera coordinado, porque ambas contienen a la totalidad de los ciudadanos, y ese nexo tiene, por fuerza, que significar algo que debe ser aprovechado. Todo ello me parece conveniente para que el resultado sea bello.

TERCERO: La sociedad política es mucho más amplia que la Asamblea de Diputados. Lo explica usted: “Sociedad politica = partidos, sindicatos, electores, medios de comunicación, empresas editoriales de temas políticos, cátedras de materias políticas, empresas encuestadoras, fundaciones, etc., electores = Asamblea de diputados + Gobierno + Ayuntamientos + Autonomías.“ El juego de la sociedad política no se realizará únicamente en las unidades de convivencia, sino en otros terrenos no reglados, y todo lo que no tiene un cauce debidamente instituido, se busca sus propias vías subrepticias. Por lo cual, debiera existir un modo de canalizar las inquietudes de toda la amplísima sociedad política para integrarlas dentro de la República Constitucional. Todo ello me parece adecuado para que el resultado sea bello.

Y CUARTO (el más importante): La distinción entre Estado y Sociedad Política debiera quedar definido por el concepto de “funcionariado”. Es decir: un Ministro debiera ser como un Juez de la Audiencia Nacional: un funcionario del Estado eficaz; y nada más, porque no es cargo electo. Ello establece (para mí) la necesidad de que el Presidente de la República (sin perder un ápice de su Poder Ejecutivo) nombre a un Primer Ministro y al resto de su Gobierno —ellos sí, funcionarios eventuales todos—, porque el Gobierno es parte de la máquina funcionarial (o mejor: porque la Administración toda es Gobierno); pero el Presidente de la República, el único electo del Poder Ejecutivo, no. El Presidente de la República representa algo mucho más bello y honorable que la maquinaria funcionarial del Estado: representa a esa señora, bella y generosa, que visualizamos, en general, con una ubérrima teta fuera, y que se llama III República Española. Todo ello me parece oportuno para que el resultado sea bello.

¡Claro que la belleza no lo es todo! Ni mi punto de vista respecto a lo que es bello, el único posible.

Como supongo que debo de andar muy equivocado, respecto a los cuatro puntos anteriores, diré en mi descargo:

Al primero, que es posible que mi especial aversión a las autonomías, desde su gestación, me obnubile, viendo fealdad donde pueda haber pasable funcionalidad. Al segundo, que debo reconocer que nace, en cierto modo, como consecuencia del primero: en efecto, no habiendo autonomías, la conjunción de alcaldes y diputados bajo el control de los electores de una circunscripción tiene todo el sentido. Con ellas, no. Al tercero, que sé que es casi imposible. Baste con eso. Pero el cuarto… ¡ay, el cuarto! El cuarto me parece casi impepinable, aunque debo reconocer que mis conocimientos sobre constitucionalismo son más bien magros.

En fin, Don Antonio, tómese esta carta como lo que es: una compilación de deseos estéticos de alguien que, desde su particular punto de vista, desea lo mejor para la República Constitucional. Ya sabe que, aunque ni uno sólo de los puntos anteriores pueda ser asumido por su Teoría de la República, todos —y especialmente yo— adoptaremos ésta con entusiasmo.

Reciba un fuerte abrazo.

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